El TJUE, en una reciente sentencia, ha dejado claro que cuando hablamos de operaciones de pago no autorizadas, el cliente bancario tiene que avisar a su entidad sin retraso injustificado. No basta con estar dentro del plazo máximo de 13 meses: hay que reaccionar en cuanto se detecta el problema. De lo contrario, se corre el riesgo de perder el derecho a que el banco devuelva el dinero.
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