Esta norma introduce el establecimiento de un requisito de procedibilidad, que obliga a los ciudadanos a intentar una solución extrajudicial antes de presentar una demanda. En el caso de los consumidores, además, refuerza la necesidad de una reclamación previa en casos de cláusulas abusivas y establece sanciones más severas para las empresas que incumplan sus obligaciones de indemnización.
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